Está más que claro: ningún gobierno se atreve a repartir los efectos de la crisis proporcionalmente a la capacidad económica de los ciudadanos y empresas. Todo lo contrario, la crisis va a ser caramente pagada por los más desfavorecido e injustamente cobrada por los afortunados (que tienen fortuna) del país. Por otro lado, ningún gobierno se atreve a minorar la pesada carga de la estructura del Estado que unos y otros pusieron sobre nuestros hombros, todo lo contrario, unos y otros engordan la estructura para poder seguir colocando parásitos del partido gobernante. ¿Cuanto podríamos ahorrar si adaptáramos esas estructuras a lo estrictamente necesario? y ¿cuanto podríamos recaudar si se exigiera un esfuerzo a los intocables afortunados, de la misma proporción que se está exigiendo a los paganos de la crisis.
El gobierno anterior pasará a la historia con el calificativo de "manirroto" y el gobierno actual como "creador de pobres". Pero ninguno pasará a la historia por su valentía para legislar y gobernar con leyes socialmente justas. Ni España ni los españoles merecemos estos políticos, pero estos políticos son los que tenemos y a ellos tenemos que exigir que el esfuerzo sea realizado por todos, pero de forma efectiva y no solo por los de siempre. Este gobierno, si quiere ser creíble ante los ciudadanos debe convencernos de que las grandes fortunas contribuyen con proporcionalidad a la disminución del déficit.
Dejo algunos artículos ilustrativos sobre la estafa que estamos sufriendo los más afectados por la crisis:
"La continuada
caída de la recaudación en el Impuesto sobre Sociedades ha provocado que se
analice en detalle cómo están tributando las empresas. Y el resultado, aunque
esperado, no ha dejado de sorprender. El tipo nominal del Impuesto sobre
Sociedades es el 30% (25% para las pymes), pero las exenciones y deducciones de
que gozan las empresas hacen que el tipo efectivo lo que realmente pagan sobre
sus beneficios no supere el 10% de media, según un análisis interno de la Agencia Tributaria.
Esto quiere
decir que, por un resultado contable positivo de 163.678 millones de euros por
el ejercicio 2009, la base imponible se reduce a 90.900 millones y la cuota a
pagar por el Impuesto sobre Sociedades de esas empresas se sitúa en poco más de
16.000 millones.
El tipo
efectivo sobre beneficios era del 19,9% en el año 2006
Y todo, o casi
todo, dentro de lo que permite la normativa fiscal española, que lleva a que
las empresas paguen la tercera parte de lo que el tipo teórico del impuesto
indica. Mientras había bonanza económica no preocupaba, pero la crisis y la
falta de recursos públicos ha hecho que cada vez se levanten más voces
críticas con el diseño del tributo.
Normalmente, el
tipo efectivo que se utiliza públicamente es el calculado sobre la base imponible.
Si se hace sobre la base imponible, el tipo efectivo es el 18% y no el 10%,
pero para saber de verdad cuánto se paga por los beneficios obtenidos es más
correcto calcular el tipo efectivo sobre el resultado contable positivo. Si se
hace sobre la base imponible, se impide conocer el efecto de rebaja fiscal que
tienen las exenciones y compensaciones previas a la cuantificación de la base
imponible.
La recaudación
de Sociedades ha caído a menos de la mitad entre 2007 y 2009. A la rebaja del tipo
nominal del impuesto (del 35% al 30% como tipo general y al 25% para pymes) se
sumó la crisis económica y la consiguiente reducción de los beneficios
empresariales, pero la pérdida de recaudación ha sido más aguda que la
propia caída de beneficios.
La recaudación
por Sociedades cayó un 39% en 2008 y un 26% en 2009
En 2008, cuando
se declaró por el ejercicio 2007 en el que se registraron beneficios récord, la
recaudación por Sociedades cayó un 39%. En 2009 se sumó otro descenso (del
26,1%), y en lo que va de 2010 sufre una disminución del 18,2%.
"La caída
de más del 60% de la recaudación en Sociedades es inexplicable. Hay
demasiados beneficios fiscales", señala Francisco de la Torre, portavoz y secretario
general de la
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.
Son las
exenciones y las deducciones de las que se benefician principalmente las
grandes empresas las que provocan esa baja imposición real, aunque no hay que
descartar otros factores. "El Impuesto sobre Sociedades está muy poco
controlado y no se inspecciona, sobre todo a las pequeñas empresas. La mayoría
no paga casi nada por este impuesto. El 70% de la cuota lo aportan entre
poco más de 1.500 grandes empresas. Además, permite a empresarios
individuales eludir el IRPF y cargar gastos personales como si fueran
empresariales", afirma Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País
Vasco.
Reforma fiscal
En los últimos
diez años, debido a las modificaciones normativas, el tipo efectivo sobre
beneficios empresariales ha disminuido a menos de la mitad: era el 22,8% en
1999 y ha caído al 10% en 2009. Esa reducción se ha concentrado en los últimos
tres años, cuando ha bajado del 19,9% de 2006 al ya citado 10%.
"Una
reforma en serio de Sociedades afectaría de forma más importante a las grandes
fortunas"
Del análisis
detallado del impuesto surgieron varias voces dentro del Ministerio de Hacienda
reclamando una revisión de las deducciones y exenciones fiscales en Sociedades.
Las grandes empresas son las más beneficiadas por estos incentivos que, sin
embargo, no son nada eficientes según explica Ignacio Zubiri: "Hay
multitud de incentivos más que cuestionables en el impuesto. Habría que
quitar la mayoría o reducirlos y tener sólo deducciones técnicas como la de
doble imposición. Pero las que se plantean para incentivar el empleo o la
inversión son caras y no son efectivas porque nadie va a invertir en una
coyuntura económica mala por un incentivo fiscal y si lo hace, peor, porque si
una inversión necesita un incentivo fiscal para ser rentable es una mala
inversión".
"¿Nos lo
podemos permitir?", se pregunta Francisco de la Torre. Con las
deducciones y exenciones que se aprobaron para estimular a las empresas
españolas a instalarse fuera "sale más a cuenta invertir en el exterior
que aquí y se están creando los empleos fuera", señala De la Torre. "Es mejor ir
al modelo de Irlanda, que tiene un tipo impositivo del 12,5%, pero al menos
lo exhibes y atraes inversiones. Se puede bajar el tipo del impuesto a cambio
de suprimir deducciones", concluye.
Y una última
consecuencia a tener en cuenta: "Una reforma en serio de Sociedades
afectaría de forma más importante a las grandes fortunas y a las rentas altas
que subir el tipo marginal del IRPF", según el portavoz de los inspectores
de Hacienda.
Fomentar el endeudamiento
Las empresas
españolas han salido masivamente al exterior porque se les ha dado un gran
beneficio. Si sale al exterior y sufre pérdidas, la empresa se lo deduce; y si
obtiene ganancias a través de una filial que tributa allí, trae los dividendos
exentos. Por eso, si las empresas del Ibex recuperan beneficios, pero lo logran
fundamentalmente por su actividad en el exterior, como ocurre con Banco
Santander o Telefónica, no repercutirá en las arcas del Estado español. A eso
se añade que, si la empresa se endeuda para hacer esa inversión en el exterior
mediante un préstamo que solicita la matriz española, los gastos financieros de
ese préstamo se los deduce en la declaración de impuestos en España. De esta
manera, se reduce la base imponible aunque se batan récord de resultados. Con
esta deducción se fomenta el endeudamiento empresarial, según expertos
consultados, porque nadie se plantea utilizar su propio capital. Se trata de un
apalancamiento fomentado fiscalmente cuando uno de los primeros problemas de la
economía española es la elevada deuda privada" .
"Por fin el PP
ha decidido aumentar los ingresos fiscales subiendo fuertemente los impuestos.
Pero al igual que recientemente hizo con el IRPF sobre las rentas salariales,
la subida pesará y recaerá sobre las clases trabajadoras. La pieza clave del
aumento de ingresos radica en el incremento del IVA. El resto de medidas
impositivas van a tener menos incidencia inmediata.
Como es sabido,
el IVA es un impuesto indirecto que pagan los consumidores finales y tiene una
fuerte carga regresiva, pues tiene escasas modulaciones para corregir los
efectos perversos que provoca. Es un impuesto "fácil" que pesa sobre
la población -con escasos recursos para oponerse- y no sobre los detentadores
de las fuentes de riqueza -ricos también en instrumentos de presión-.
La subida del
tipo general del 18% al 21% y del reducido del 8% al 10% supone que el 60% de
los bienes y servicios reflejados por el PIB se verán afectados. Además
diversos bienes y servicios dejan de tributar con el tipo reducido y pasan al
general. Ello significa que no solo se incrementa para bienes de lujo o bienes
prescindibles, sino también para bienes de primera necesidad como el vestido,
el transporte de viajeros, la vivienda, la electricidad o el agua, y afectará a
bienes y servicios como telefonía, gafas graduadas y lentillas, pañales,
peluquerías o alimentos elaborados, así como a bares, restaurantes y hoteles.
El tipo más
bajo quedará en el 4% y afectará a alimentos frescos -como leche, huevos,
frutas, verduras y legumbres-, libros y periódicos, material escolar,
medicamentos y viviendas de protección oficial. Pero ello no significa que los
precios de, por ejemplo, los alimentos no vayan a subir pues los productores
repercutirán en sus precios los 400 millones de euros que deberán pagar por el
incremento de dicho impuesto en sus consumos y adquisición de maquinaria.
Ningún bien,
por tanto, se verá exento del encarecimiento. Los precios subirán de forma
generalizada, contribuyendo con ello a la erosión de la capacidad adquisitiva y
a un mayor deterioro de la demanda agregada. La OCU cuantifica el incremento medio del gasto al
año en 415 euros por familia, y otras estimaciones en casi 800 euros.
Si a las
actuales subidas añadimos las habidas en julio de 2010, cuando el tipo general
pasó del 16% al 18% y el reducido del 7% al 8%, nos encontramos con que el IVA
-tan regresivo en términos sociales- aumentó en dos años un 23,8% en el tipo
general y un 30% en el tipo reducido. O sea, cada familia gastará de media 800
€ más que en 2010, lo que significa que para una gran parte de la población
casi un sueldo mensual se le irá en aumentos del IVA.
En 2010 la
recaudación se incrementó en 5.000 millones de euros anuales. Ahora el gobierno
estima que aumentará en 7.500 millones en los doce meses posteriores a la
entrada en vigor del impuesto. Craso error, la situación de estancamiento hoy
es más grave que hace dos años. Es por tanto más que probable es que la
recaudación no aumente, porque el aumento del tipo se verá contrarrestado por
la bajada de actividad. Desde medios gubernamentales se argumenta que Alemania
estableció una subida de tres puntos en el IVA en 2007, del 16% al 19%. Lo que
no aclaran es que lo hizo en un momento en que su economía crecía por encima
del 3%. En el caso español, la previsión del gobierno para 2012 es que el PIB
caerá un 1,7% y la demanda interna un 4,4%.
En nuestro
país, debido al fin de la metástasis inmobiliaria, la permisividad con el
fraude fiscal y la bajada incesante de impuestos sobre las rentas del capital
desde 1996, la presión fiscal sobre el PIB se ha situado en niveles muy por
debajo del área comunitaria, particularmente del área euro. Ello ha sido una de
las principales causas del rápido incremento del déficit público, cuando en
2007 se partía de un superávit. Y, por tanto, es uno de los factores que
presionan sobre el incremento de la deuda pública.
A partir de
este momento se va dar la paradoja de que España sea a la vez uno de los países
de la UE con menor
presión fiscal y sin embargo tenga uno de los IVA más altos. O, sea, incrementa
la regresividad fiscal. Desde el inicio de la crisis actual, de los 27 estados
miembros de la UE,
17 han subido el IVA. Solo Hungría y Rumanía aprobaron un incremento superior
al anunciado por el gobierno, pero partían a su vez de tipos menores. En la
zona euro, solo Grecia, Irlanda, Portugal y Finlandia mantendrán un tipo
impositivo, el 23%, superior al español.
¿No hay más
soluciones que las propuestas por el gobierno español y la troika comunitaria?
Las hay y en todos los órdenes. Basten unas pistas hacia otro horizonte. Si
hablamos de deudas: ¿Ha de pagar la ciudadanía las deudas de bancos y empresas?
¿Toda la deuda es legítima? ¿Hay que pagar de golpe toda la legítima? Si
hablamos de finanzas: ¿Por qué no convertir el negocio financiero privado en
una gran banca pública que invierta en actividad productiva y maximice el
bienestar social? ¿Por qué no combatir la depresión de la demanda con
incrementos generalizados de salarios y pensiones? Si hablamos de paro y
producción, ¿Por por qué no repartir el trabajo y el empleo reduciendo la
jornada laboral? ¿Por qué no impulsar inversiones masivas en energías
alternativas, sanidad, enseñanza o investigación? Si hablamos de déficit: ¿Por
qué no combatir y erradicar el fraude fiscal, estimado en un 6% del PIB (es
decir, un monto de 70.000 millones euros, equivalente a lo que el gobierno
quiere ahorrar y recaudar sobre las espaldas de los más débiles)? ¿Por qué
aceptar las transacciones con paraísos fiscales? ¿Por qué no incrementar la
imposición sobre las ganancias empresariales y acabar con refugios como las
SICAV en un país donde el Impuesto de Sociedades tiene un tipo efectivo en
torno al 10%, debajo incluso del tipo nominal de la Irlanda pre-rescate
situado en el 12,5%? ¿Por qué no restituir el impuesto sobre patrimonio y crear
además un impuesto a las grandes fortunas?
Estas y otras
muchas preguntas apuntan hacia medidas posibles y razonables, que harían
posible que la crisis no la pagasen las clases trabajadoras y populares. Para
ponerlas en pie se necesita acumular energías sociales y políticas que acaben
con la orientación antisocial que ofrecen quienes gobiernan en la UE y en Madrid".
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